La batalla verde

La administración nacional del océano y la atmósfera (NOAA) muestra una concentración actual de 390 partes por millón (ppm) de dióxido de carbono (CO2) [1], a la vez que da un aumento aproximado de 2 ppm de CO2 por año. La emisión de este gas de efecto invernadero en la atmósfera sigue a sus niveles de los últimos años o incluso aumentando. La comunidad científica, representada por las Naciones Unidas en el reportaje IPCC[2], nos alerta del peligro para nuestro futuro y el de las próximas generaciones que representan estas altas concentraciones de dióxido de carbono, en forma de aumento global de las temperaturas. En particular, complejos modelos de simulación del cambio climático auguran un aumento de unos 2 grados centígrados o más a finales de este siglo. Los valores en el año 1750, antes del uso masivo de carbón, gas natural y petróleo, eran de sólo 280 ppm.

Se entiende pues que el estado de California proponga leyes para hacer frente a este reto de reducción del CO2: Primero en 2002 con la “Clean Cars law”, que mandaba la reducción de emisión de gases en automóviles y después en 2007 con la “Global Warming Solutions Act” o simplemente AB32, para regular las emisiones globales del estado. Estas leyes son un primer paso en la defensa de los intereses del público general, de nosotros, nuestros hijos y nietos, para empezar a resolver un problema tan serio y de tantas implicaciones futuras como el cambio climático.

Mientras los ciudadanos intentan mejorar el futuro compartido, los intereses particulares intentan pisotearlo para su propio beneficio. El intento de reducir los gases de efecto invernadero tiene grandes enemigos en las empresas que más CO2 emiten, en particular las grandes corporaciones de producción de petróleo y de automóviles que, en su ciega búsqueda de un beneficio económico a corto plazo para unos pocos han lanzado ya sendas batallas contra ambas iniciativas. La primera fue lanzada[3] por la “Alliance of Automobile Manufacturers” en conjunción con la “Association of International Automobile Manufacturers”, para parar la “Clean Cars law”, pero un jurado federal en California no les dio la razón[4]. Desafortunadamente la Agencia de protección Ambiental (EPA) ignorando la ciencia y su propio nombre, denegó muy pocos días después la petición de California para sacar adelante la ley[4].

El segundo ataque lo hemos vivido hace muy pocos días, cuando las grandes corporaciones petrolíferas tejanas lograron hacer que se votara la proposición 23 para derogar en parte la AB32. Afortunadamente, los votantes han sabido responder adecuadamente, y dicha derogación ha sido derrotada a pie de urna. Desgraciadamente los votantes no han sido tan agudos como para aceptar la proposición 21, que pretendía aumentar ligeramente los costes de registro de los automóviles para proteger nuestros parques estatales, tan importantes para absorber CO2 como para preservar la biodiversidad.

Se ha ganado parcialmente una batalla por un futuro menos caliente, pero la guerra sigue en pie. Por una vez, los ciudadanos han sabido plantar su cara frente a los dólares de las corporaciones. Ya veremos cuanto dura dicha lucidez.

Referencias
[1] http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
[2] http://www.ipcc.ch
[3] http://www.edf.org/article.cfm?contentID=4889
[4] http://www.environmentaldefense.org/article.cfm?contentID=4192

Publicado por La Oferta, San Jose, California.